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Desempleo juvenil: participación, reforma y adaptación

Según un estudio realizado por el Comité Económico y Social
Europeo (CESE), existen soluciones prácticas para los 5 millones de jóvenes
desempleados en la UE.
El Observatorio del Mercado de Trabajo del CESE ha examinado
y analizado la aplicación de las políticas de empleo juvenil de la UE en seis
Estados miembros: Grecia, Croacia, Italia, Austria, Eslovaquia y Finlandia, en
estrecha cooperación con los representantes de los interlocutores sociales, las
organizaciones juveniles y las autoridades públicas. Se llevó a cabo por medio
de un cuestionario para los interlocutores sociales y las organizaciones
juveniles, entrevistas sobre el terreno con todos los interesados, la investigación
documental y una audiencia pública.
La situación varía mucho de un país a otro, por ejemplo, el
desempleo juvenil alcanza el 58,3% en Grecia mientras que en Austria es del
9,2%. Aún así, el estudio pone de relieve soluciones comunes que pueden aplicarse
con éxito a todos los Estados miembros de la UE.
El estudio afirma que la participación de los interlocutores
sociales y la sociedad civil en las políticas de empleo de los jóvenes ha
demostrado ser eficaz porque ayuda a mantener bajas tasas de desempleo, sobre
todo en Austria y Finlandia.
También se examinaron los mecanismos de la Garantía Juvenil
de los Estados miembros seleccionados y su potencial para llevar a cabo las
reformas estructurales. Por ejemplo, los sistemas nacionales de educación deben
adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral con el fin de dotar a los
jóvenes de las habilidades que demandan las empresas. La presidenta del
Observatorio del Mercado de Trabajo, Christa Schweng, dijo al respecto que “Las
partes interesadas en Grecia, Italia y Croacia están apoyando más y mejor la
formación en el puesto de trabajo y el aumento de los vínculos entre la
educación y las empresas. Esto es claramente un camino a seguir”.
El estudio aclara que la variedad de situaciones a las que
se enfrentan los jóvenes en paro justifica un enfoque a medida, cuidadosamente
planificado y adaptado a las circunstancias nacionales, demostrando que la
incorporación de los interesados en las medidas da lugar a crear un sentido más
amplio de la propiedad y contribuye a una mayor aceptación de las reformas por
parte de la población.

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