El Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos protegerá a todos los agricultores de la UE

El Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos protegerá a los agricultores de la UE

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo político sobre un nuevo conjunto de normas que ofrecerán protección a la totalidad de los agricultores de la UE y a una gran mayoría de las empresas agroalimentarias de la UE frente a las prácticas contrarias a los principios de buena fe y comercio justo.

La nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.

La CE presentó su propuesta legislativa en abril de 2018 para garantizar una mayor equidad en la cadena de alimentos y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE en este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas

El acuerdo alcanzado se aplicará a cualquier agente que participe en la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán a minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, o a simples productores que realicen alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas.

Entre las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse cabe citar: las demoras en los pagos de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la obligación de que el proveedor se haga cargo de los gastos de los productos echados a perder y el rechazo de los contratos escritos.

La aplicación de estas normas no se traducirá en unos precios más altos para los consumidores. En la consulta pública realizada por la Comisión antes de presentar la propuesta, las organizaciones de consumidores defendieron la regulación de estas prácticas debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores a largo plazo.

Tras el acuerdo alcanzado, deberá procederse ahora a una votación en el Parlamento Europeo y el Consejo para adoptar oficialmente el texto. Una vez adoptado plenamente, los Estados miembros tendrán que incorporar el nuevo texto legislativo en su Derecho nacional.

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