El PE solicita a los Estados miembros adaptar su legislación para que la asistencia humanitaria a los inmigrantes no sea considerada un delito

El
pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el pasado jueves 5 de julio una
resolución no legislativa en la que muestra su preocupación por la
criminalización de las ONGs y personas que prestan su ayuda a los inmigrantes.
En
dicha resolución el Parlamento Europeo advierte de «las consecuencias
indeseadas que la legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular
está teniendo en los ciudadanos que ofrecen asistencia humanitaria a
inmigrantes y solicitantes de asilo» mientras algunas voces les acusan de
«incentivar» el tráfico de personas y de actuar «al borde de la
legalidad».
En
virtud de la directiva de 2002 sobre “facilitación”, los Estados Miembros están
obligados a introducir en su legislación sanciones penales contra quienes
faciliten la entrada, la circulación y la estancia irregulares en su
territorio. No obstante, la resolución recuerda que la norma también da a los
países la opción de no penalizar la ayuda cuando esta sea de carácter
humanitario y lamentan que sólo algunos estados miembros han incorporado en su
legislación excepciones sobre asistencia humanitaria.
Por
ello el texto solicita a la CE que adopte unas directrices para los Estados
Miembros especificando qué formas de ayuda no se penalizarán, con el fin de
asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la directiva y evitar la
criminalización injustificado de la asistencia humanitaria.
En mayo pasado un grupo de
voluntarios españoles fue absuelto en Grecia de una acusación de tráfico de
personas tras haber sido detenidos cuando prestaban ayuda a solicitantes de
asilo que llegaban a la isla de Lesbos desde Turquía.

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