España, a la cabeza de la Unión Europea en incumplimientos

 Tarde y
mal. Así es como viene cumpliendo España con su obligación de
trasladar a su legislación nacional las distintas normas que viene aprobando la
Unión Europea. En realidad, el problema no es nuevo y desde
principios de este siglo ‘esto es, los culpables han sido los gobiernos
dirigidos tanto por el PP como por el PSOE’ el país aparece sin remisión
en los puestos más destacados de esa lista negra.
Lo más preocupante es que esa tendencia se ha agudizado
en los últimos ejercicios. Y es que si en 2015 ocupaba el
segundo puesto por número de procedimientos de infracción abiertos desde la
Comisión Europea, en 2016 ascendió al primer lugar de esta
lista de señalados por ‘Papa UE’ como ‘hijos remolones’ a
la hora de cumplir con sus deberes.
En su último informe, España sale bastante mal
parada ya que cerró el último ejercicio con un total
de 91 procedimientos abiertos «por incorrecciones en la
transposición y/o una mala aplicación de la ley europea», lo que equivale a
decir que ha hecho mal las cosas respecto a casi un centenar de directivas
comunitarias.
No debería servir de consuelo, pero lo cierto es que
la poderosa locomotora europea, Alemania, comparte con España el
escarnio que puede representar ser el país de la Unión con más procedimientos
de infracción vivos, 91 en ambos casos. Les siguen a poca distancia
Bélgica (87 casos), Grecia (86), Portugal (84) y
Francia (83). Por el contrario, los menos advertidos desde Bruselas
son, con diferencia, Estonia (30), Malta (31) y
Dinamarca (34).
En 2017 España ha sido advertida en
hasta 35 ocasiones de posibles nuevas infracciones, es
decir, a una media de tres cada mes y eso sin saber si en lo que resta de
diciembre le llegarán más avisos. Entre los expedientes más recientes
figura el relativo a la no transposición de la Directiva de este mismo año que
desarrolla las últimas reformas regulatorias para el mercado de
instrumentos financieros, reglas conocidas como Mifid II. También
destaca otro por no aplicar de forma completa la normativa europea sobre blanqueo
de capitales, tras expirar el plazo para ello en junio.
No cumplir con las reglas comunitarias ni en la forma
debida ni en el momento oportuno le está saliendo caro a España, y
mucho en comparación con el resto de los Estados miembros de la UE. Y es
que siete de cada 10 euros que ingresan en la Comisión Europea en
concepto de multas vienen precisamente de sus arcas públicas.
Según la última estadística oficial de
Bruselas ‘que recoge las sanciones en el año en que efectivamente recibe
el ingreso correspondiente, dado que antes pueden ser recurridas’, España
ha pagado un total de 53,9 millones de euros solo en los últimos
cinco ejercicios. Esa suma supera en 5,4 veces el segundo mayor
castigo económico aplicado por la CE, que recae en Bélgica con
otros 10 millones.
El tercer puesto entre los socios europeos que más multas
han pagado lo ocupa Grecia, con 5,4 millones, seguida de Irlanda
con 4,1 millones y Suecia con dos. Por detrás de ellos se acabaron
las sumas millonarias y la que aparece es Portugal con solo 388.000 euros.
Los motivos de esas sanciones son fundamentalmente
tres: incumplir las directivas europeas, trasladarlas con retraso a
la normativa nacional o directamente desobedecer sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión (TJUE). Esto último es lo que le sucedió a
España con la reforma del sector de la estiba.
En diciembre de 2014 el TJUE dio la razón a
Bruselas, al estimar que en la estiba había monopolio de ‘facto’.
Pero como el Gobierno no cambió la situación pese a ser
expedientada, en 2006 volvió a la carga proponiendo dos
multas que llegaron a sumar más de 24 millones. La reforma del
sector no se aprobó hasta mayo pasado, pero la admisión de culpa y
su «buena fe» concedió cierto indulto a España, reduciendo
su castigo a tres millones.

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