Estrasburgo pide a España un órgano contra el racismo

España es casi el único miembro del Consejo de Europa
que carece de un organismo independiente para combatir el racismo. Esta
institución, que aglutina a 47 Estados europeos, reclama al
Gobierno español que establezca esa figura «con carácter
urgente». La advertencia figura en un informe que evalúa los esfuerzos
contra la discriminación en España. La falta de medidas para integrar a
los migrantes y la segregación de los niños gitanos se suman a la lista de
deficiencias.


 El
discurso del odio prende menos en España que en otros países
europeos, pero los esfuerzos públicos para mitigarlo resultan
insuficientes. El Gobierno central creó en 2009 el Consejo
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica con el objetivo
de vigilar los comportamientos racistas. Pero ni ese órgano fue nunca
independiente -se encuadra en el Ministerio de Sanidad- ni ha tenido
recorrido en los últimos años. El
Consejo de Europa lamenta que ese foro «haya quedado prácticamente
sin actividad» y que carezca de liderazgo (su presidente
dimitió en 2014).

Aparte de España, solo el microestado de San Marino
funciona sin una figura independiente contra la discriminación, apuntan
fuentes del Consejo de Europa. Además, los recortes presupuestarios
han debilitado las medidas en este ámbito, también congeladas
en 2014. Desde ese año no existe ninguna estrategia de integración de los
extranjeros en España, critica el documento, elaborado por la
CE contra el Racismo y la Intolerancia de la institución europea con sede
en Estrasburgo. 
Otra recomendación considerada prioritaria es la
escolarización de los niños gitanos. Aunque la CE cita en ocasiones a
España como ejemplo de integración en este terreno, el informe del Consejo
de Europa -institución ajena a la UE- reprocha que el reasentamiento
de gitanos en determinadas zonas acentúa los riesgos de crear guetos y de
segregar a los niños. Solo el 45% finalizan la enseñanza
obligatoria, según los datos de este trabajo.

La situación no es mucho mejor en otros colectivos
vulnerables, como el conjunto de extranjeros no provenientes de la
UE. El 44% de los niños dejan la escuela a una edad
temprana. «Se necesita una inversión sustancial en educación para
asegurar que los niños gitanos, pero también los procedentes de fuera de
la UE, terminen al menos la educación obligatoria. España debería
evitar que aparezca una nueva generación con una minoría infantil
excluida».

El
informe, muy crítico respecto a la actuación
de los poderes públicos, habla del perjuicio que creó la reforma
sanitaria de 2012 en la situación de los migrantes. Sus autores
recomiendan «realizar ajustes a la mayor brevedad» para que
todos accedan al sistema público, no solo a los servicios de emergencias
como estableció -con excepciones- ese cambio legal aplicado a los sin
papeles. Las ONG han documentado «miles de casos», según
esta evaluación, en los que se denegó a los extranjeros la cobertura
de salud pública.

Los medios de comunicación tampoco escapan a las
críticas: «Su tendencia al sensacionalismo y al alarmismo en lo que
respecta a la migración conduce a que se conceda una importancia injustificada
a la nacionalidad de los migrantes sospechosos de realizar actividades
delictivas y a una asociación general de migración y delincuencia».


El
informe evalúa por primera vez las medidas antidiscriminación respecto a
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Los expertos del
Consejo de Europa valoran «la apertura hacia ese colectivo en
España», pero recomiendan que los incidentes se registren y se persigan
correctamente.

Internet -y las redes sociales en
particular- constituyen uno de los focos donde más fácilmente se propagan
los mensajes de odio y discriminación. El Consejo de Europa recomienda a España
que emplee «sus poderes reguladores» para implicar a los
proveedores de Internet y a los gigantes de redes sociales en esta materia. El documento exige a las autoridades que endurezcan la legislación civil y
administrativa contra el odio en las redes.
Desde 2015, España penaliza los actos racistas y
xenófobos cometidos por medios informáticos. Los casos de incitación al
odio en Internet tratados por la fiscalía pasaron de
ser 40 en 2015 a 99 en 2016.

El informe considera que
solo una mínima parte de los casos llega a los tribunales.

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