La Comisión Europea propone a España una nueva subida del IVA

El futuro
gobierno español tendrá una tarea
complicada por delante. España y
Portugal se salvaron a finales de julio del estigma de convertirse en los
primeros países de la
Unión Europea  en
estrenar las multas previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por el
fuerte desvío en el déficit público el año pasado, pero la tregua concedida por Bruselas
es solo momentánea. El Ejecutivo
español tiene hasta el 15 de octubre para elaborar un
anteproyecto de presupuestos del 2017 austero, que refleje el ajuste estructural de
medio punto  -el mínimo previsto
en el pacto- que le exige
Bruselas para el próximo año y que demostrará que
la clemencia mostrada por la Comisión Europea, previa mediación de Berlín, no saldrá gratis. Entre otras medidas, la CE ha propuesto a España una nueva
subida del IVA y más transparencia en la contratación pública. 
A menos que cumpla y presente medidas no se desbloquearán parte de los fondos
estructurales comprometidos para el próximo año -entorno a 1.000 millones de euros- y que pueden quedar en septiembre en
el congelador tras el diálogo estructurado demandado por la Eurocámara. 
 
El presidente del Bundesbank, Jens
Weidmann, máximo representante de
la ortodoxia en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, se
ha despachado a gusto esta semana contra la decisión de la CE de
cancelar las multas a España y Portugal por haber incumplido los objetivos de
déficit pactados para el 2015. 
En una entrevista al diario alemán ‘Die
Zeit’, el banquero se muestra a favor de que «las violaciones de las
reglas» tenga «consecuencias»,
y advierte de que la ausencia de sanciones como lo ocurrido en este caso
daña el carácter vinculante de las normas. 
En este sentido, Weidmann
sostiene que dejar claro que las reglas no son negociables allanaría el camino
a los Gobiernos a la hora de cumplir las políticas de consolidación. «En mi opinión, la Comisión y el Consejo Europeo no
han sido suficientemente consecuentes», apostilla el presidente del
Bundesbank. 
Las críticas de Weidmann ante la ausencia de sanciones a España y Portugal
chocan con la postura más flexible del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien había dejado claro que «no se opondría» a una
multa cero para España, e incluso
jugó un papel decisivo para
decantar la opinión mayoritaria de los comisarios en este sentido. 
En la misma entrevista, el
presidente del Bundesbank defiende que el resultado de los recientes test de
estrés de la
Autoridad Bancaria Europea (EBA) a 51 grandes bancos europeos demuestra que
las entidades europeas «han
reforzado su base de capital en los últimos
años» y han reducido sus
posiciones de riesgo. 
Además de cancelar una multa que parecía cantada, la Comisión Europea
optó a finales de julio por
ofrecer una nueva senda de reducción del déficit público algo más suave que la
prevista en mayo pasado. Este
año, visto el impasse
político en el que está inmersa
España, Bruselas permitirá al Estado cerrar el ejercicio con un
desfase del 4,6% -desde el 5,1% con
el que terminó 2015- pero a 31 de
diciembre de 2017 el déficit tendrá que situarse en el 3,1% y
en el 2,2% a finales de 2018. Dos años extras que también
llevan consigo exigencias. 
SUBIDA DEL IVA 
Para hacer realidad este nuevo calendario y el esfuerzo estructural de 10.000 millones repartido en dos años que
lleva incorporado, Bruselas sugiere ya el camino a seguir. Por ejemplo, reducir el número de bienes y
servicios que se benefician de un tipo de IVA reducido como ocurre con la
alimentación, el transporte de
viajeros o los restaurantes. Además, la Comisión reitera la necesidad de
realizar controles «estrictos» a
todos los niveles del gobierno y de reforzar la vigilancia sobre las
licitaciones públicas. 
MÁS TRANSPARENCIA 
«El número de malas prácticas que han tenido un impacto en la aplicación
de la legislación europea han sido significativas. Los datos muestran que hay
disparidades en la implementación de los contratos públicos», alerta la Comisión Europea
que critica el hecho de que España siga publicando pocas licitaciones y
negociando de tapadillo muchos contratos. «Esto
se traduce en menos competencia con implicaciones en un gasto gubernamental
mayor», señala el documento de recomendaciones. 
Bruselas basa estos nuevos objetivos en sus nuevas estimaciones de crecimiento. Considera que la economía española
avanzará un2,9% este año aunque se frenará en 2017 y 2018 con crecimientos del 2,3 y 2,1% respectivamente. Es decir, el avance seguirá siendo robusto pero con incertidumbres
en el horizonte derivadas del proceso del ‘brexit’ que podría tener implicaciones «para el comercio y la demanda
doméstica». 
INFORME DE ESFUERZO 
Junto al borrador de presupuesto, el
Gobierno español también tendrá que
remitir en paralelo un informe con los esfuerzos presupuestarios necesarios en
el que tendrá que detallar los
objetivos en materia de gasto e ingresos y concretar las medidas adoptadas para
cumplir con las recomendaciones europeas. Solo
si ambos ejercicios son satisfactorios y España responde a tiempo,parte de los
fondos estructurales comprometidos para el 2017 se verán liberados. Un incentivo suficiente, a juicio del Ejecutivo comunitario, para que Madrid haga los deberes. Aunque no es el único as que se guarda la Comisión Europea. «No es el final de la
historia», recordaba hace unos días el comisario Pierre Moscovici. Y es que, si Madrid sigue sin cumplir el siguiente
paso será aún más doloroso: una multa automática del 0,5% del
PIB o 5.000 millones de euros, aunque la Comisión ya ha explicado que
no hay una fecha concreta para ello. En
todo caso, es una posibilidad
real que pende sobre la cabeza del futuro Gobierno. La última
palabra la tiene el Ecofin 
Según el reglamento, una vez que la Comisión Europea
cifra la cuantía de la multa ?en
este caso la decisión ha sido cancelarla- el
asunto pasa de nuevo a la órbita
de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) que si en un plazo de 10 ?antes del próximo 6 de agosto- no se oponen queda aprobada
automáticamente. Y eso es lo que
ocurrirá. «Tomamos nota de
la decisión y actuaremos en consonancia», dino el ministro eslovaco de
finanzas y presidente del Ecofin, Peter
Kazimir, tras hacerse público que
no habrá multa. Francia e Italia ya han dicho que
están en contra de multar a España y hasta Alemania puede vivir sin imponer
este castigo. Por todo ello, prácticamente es imposible que se
forme una mayoría cualificada de países que pidan la modificación o el rechazo
de la propuesta. La decisión, si no surgen problemas, se adoptará por procedimiento escrito. 
El siguiente paso llegará en
septiembre. Las comisiones de
asuntos económicos y política regional celebrarán un debate sobre la
congelación de parte de los fondos estructurales de 2017. El castigo, que debe cuantificar la Comisión Europea, se verá suavizado en el caso español por la
elevada tasa de paro y por la recesión vivida en los años anteriores al desvío
del déficit público. Aún así,
podrían verse afectados entorno a 1.000
millones. 

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