Los Estados pactan más margen para aplicar controles fronterizos

 

La presión en las fronteras interiores de la UE ha descendido, pero
algunos Estados siguen aplicando los controles temporales que iniciaron en
plena crisis de refugiados. Para mantener y flexibilizar ese marco de
excepciones, los 28 Estados comunitarios llegaron este martes a
un acuerdo que modificará el código Schengen, el espacio europeo de
libre circulación compuesto por 26 países. Estos quieren más
margen para poder derogar la norma general de ausencia de
controles, aunque han accedido a rebajar el tiempo máximo que pueden
conservar esa situación.
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre permitir durante un
máximo de tres años los chequeos temporales en la zona Schengen (ahora
son, en la práctica, dos años). A cambio, el Ejecutivo
comunitario proponía que fuese el Consejo, la institución que representa a
los Estados, quien tuviese que validar la medida, de manera que se
evitasen las acciones unilaterales en un terreno tan sensible como la
obstrucción del libre tránsito en las fronteras europeas. Los Estados
acuerdan ahora a dejarlo en un año como máximo, pero con mayor
flexibilidad para poder tomar la decisión por su cuenta, sin requerir el
beneplácito del resto de socios, según explican fuentes de la
institución, que ahora deberá pactar su posición con el Parlamento
Europeo.
Bruselas mira para otro lado respecto a las excepciones a las que se han
acogido los Estados. Aunque el comisario europeo de Migración, D.
Avramopoulos, advirtió de que no lo autorizaría más, los cinco
países que aplican esos chequeos -no sistemáticos- han logrado
mantenerlos. Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega los
mantienen en vigor, pese a que el tránsito de demandantes de asilo por sus
territorios ha caído sustancialmente. El número de solicitudes presentadas
en la UE se redujo un 44% el año pasado, según datos de la agencia
europea de asilo (Easo). En Alemania, la caída fue del 70%.
El argumento que han encontrado los cinco países (Noruega es ajeno
a la UE, pero participa de Schengen) para seguir permitiendo que los
policías de frontera examinen a quienes las atraviesan es el más
infalible: la seguridad. Cuando se invoca esta amenaza, el
procedimiento es más laxo. En cambio, si alegan que simplemente
existe un riesgo para el buen funcionamiento de Schengen (una explicación
más acorde con la situación actual), las trabas son mayores.

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