Una estrategia política fuerte y coordinada es necesaria para que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad sean una realidad en la UE

Según
afirma la Agencia de la UE de Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en
inglés), un marco legal claro que defina los roles y responsabilidades de las
instituciones puede ayudar a que la UE desarrolle normas para promocionar,
proteger y supervisar la implementación de la Convención de Naciones Unidas
sobre discapacidad.
La Unión
Europea ratificó la
Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad en el año 2010. Se trata del
primer tratado internacional sobre derechos humanos firmado por la UE, y por la
que queda obligada a implementar un órgano para proteger los derechos de los
individuos y supervisar la implementación de la convención.
El
Parlamento Europeo pidió consejo a la
FRA sobre cómo aplicar esta convención, que debe aplicarse de manera
transversal a todas las materias para las que la UE es competente, tales como
sus leyes y políticas, así como la administración de las Instituciones Europeas
en materia de personal y condiciones laborales.
El
consejo que ha emitido la FRA clarifica los requisitos para establecer un
órgano que supervise el cumplimiento de la citada convención. Este órgano
estaría compuesto por representantes de la propia FRA, del
Parlamento Europeo, del Defensor del Pueblo y del Foro Europeo de la
Discapacidad, sin embargo, la Comisión debería abstenerse de formar parte de
este órgano con el fin de asegurar su independencia.

La
firma de un tratado internacional por parte de la UE establece un importante
precedente en la materia, así se puede aprender de cómo las legislaciones
nacionales integran estos tratados en su ordenamiento jurídico, si bien en este
caso es necesario darle un enfoque más regional.

 

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